Durante su recorrido, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida visitó la comunidad de Icacal en territorio Lenca, ubicada en la costa oriente de El Salvador.
En la reunión, miembros de la comunidad denunciaron el despojo de sus tierras, la criminalización y el hostigamiento que enfrentan por defender su territorio bajo el régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. Así como el ecocidio de sus zonas naturales provocado por megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico.
Icacal Resiste: Defensa del Territorio Lenca ante el Avance del Aeropuerto del Pacífico
MILPA Filial Oriente, una organización campesina e indígena integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Campo (MILPA), nació en resistencia al proyecto de muerte del Aeropuerto del Pacífico.
Ángel Flores, coordinador MILPA, explicó que este esfuerzo colectivo combina la lucha sindical con la defensa de la Madre Tierra, la revitalización de la espiritualidad ancestral y los derechos colectivos de los pueblos originarios y denuncia que este proyecto ha devastado la zona costera oriental, destruyendo ecosistemas, vías de comunicación y los medios de vida de las comunidades campesinas e indígenas.
De acuerdo con la comunidad, el Aeropuerto del Pacífico fue anunciado oficialmente en 2021, este generó un efecto inmediato de especulación inmobiliaria en toda la región.
Antes del anuncio, una manzana de tierra (aproximadamente 7.000 m²) costaba entre 3.000 y 4.000 dólares; hoy alcanza hasta 60.000 dólares, volviéndose inaccesible para las comunidades locales. En zonas de playa, los precios alcanzan hasta 100.000 o 200.000 dólares por manzana, evidenciando la lógica especulativa del despojo.
Además, el 24 de noviembre del mismo año, el régimen aprobó una Ley de Expropiación que permite al Estado declarar un territorio “de interés público” y despojar a sus habitantes a cambio de una compensación mínima, sin posibilidad de acceder a tierras equivalentes.
Ángel Flores denunció que la construcción del aeropuerto responde a intereses de turistificación y especulación inmobiliaria, articulados con agendas de poder económico transnacional:
“El paisaje ha sido cambiado violentamente, desmontando la forma y estilo de vida propios de estos territorios para dar paso a la mercantilización de la vida”.
La comunidad pide no perder de vista que los defensores del territorio en El Salvador viven un estado de excepción donde han desaparecido los espacios democráticos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Bukele cambió la Constitución para perpetuarse en el poder, y que se han impulsan megaproyectos y marcos legales que favorecen la acumulación privada y el despojo de bienes comunes.
Uno de los casos más graves ocurre precisamente en El Icacal, donde la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico S.A. de C.V., propiedad de la familia Murray Meza, pretende apropiarse de 11.5 kilómetros de playa, afectando a más de 80 familias que han habitado el territorio por generaciones.
En su testimonio, Anadeise Arias, vocera de la comunidad, relató cómo fueron denunciados por despojo y al recibir una sentencia a su favor, a los pocos días la comunidad fue rodeada por policías en un operativo violento. Esto le ha generado ansiedad, pánico y pérdida de sueño. Anadeise también denunció que las acciones de hostigamiento y vigilancia continúan de manera sistemática.
Despojo, Ecocidio y Criminalización: La Lucha del Oriente Salvadoreño contra los Megaproyectos
Otro miembro de la comunidad aledaña de Lima relató cómo por intereses empresariales, han intentado despojar a 86 familias de 84 manzanas de tierra a través del abogado Joel Rivalinar.
De acuerdo con el testimonio, uno de los grandes obstáculos para la defensa legal del territorio es la falta de representación legal adecuada, ya que, debido a los costos económicos de la misma, se ha dificultado la defensa de los derechos de las comunidades en instancias judiciales superiores, evidenciando la desigualdad y vulneración del acceso a la justicia.
Entre las zonas más amenazadas se encuentran la franja costera del oriente, actualmente disputada por grupos empresariales, fundaciones, bufetes de abogados, funcionarios gubernamentales y estructuras del crimen organizado.
Además del Aeropuerto del Pacífico, el gobierno promueve el megaproyecto “Sur City”, antes denominado “Bitcoin City”, que busca privatizar tierras comunales para proyectos turísticos y urbanos de lujo, desplazando comunidades campesinas e indígenas.
Luchas que Cruzaron la Frontera: El Oriente Salvadoreño y el Istmo Mexicano Frente al Despojo Territorial
Esta práctica de despojo territorial sigue un modus operandi recurrente en múltiples comunidades en México, donde grupos empresariales, bufetes de abogados, funcionarios gubernamentales y estructuras del crimen organizado se articulan para apropiarse de las tierras de los pueblos originarios.
Un caso que acompaña la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida es el de la comunidad Chontal de El Coyul, en la zona costa Istmo de Tehuantepec, que este 30 de octubre enfrentará nuevamente la audiencia en donde está en juego la libertad de 21 compañeros y compañera que están siendo criminalizados por despojo y secuestro y que han demostrado ya su inocencia en otras acusaciones del mismo tipo en años anteriores.
Posterior al encuentro, Edwin Yovanis, pescador artesanal de la comunidad llevó a una comitiva de la Caravana a un recorrido por los manglares y playas de Icacal, mostrando el impacto ambiental del despojo y los megaproyectos: el mar ha ido avanzando sobre la playa y el manglar, destruyendo ecosistemas vitales para la pesca artesanal, la reproducción de especies y la seguridad alimentaria de la comunidad.
Edwin denunció que los proyectos turísticos y las acciones del gobierno priorizan intereses económicos sobre los derechos y la vida de las familias locales, afectando directamente el sustento de pescadores y campesinos. Además, señaló que las autoridades han llegado a exigir documentos de identidad de los habitantes bajo intimidación, reforzando la criminalización de la comunidad.
“Hace como unos ocho días, mi vivienda fue rodeada por nueve carros de patrulla, aquí en el lugar, no estaba yo en mi casa, andaba en altamar pescando, intimidando a mi compañera de vida, diciéndole de que entregara su documento único de identidad.”
La comunidad denunció la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, ambientales y sindicales, muchos de los cuales han sido encarcelados bajo el régimen de excepción. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha convertido en un símbolo del creciente clima de represión no solo en El Salvador sino a nivel mundial, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.
MILPA advierte que este modelo de despojo y represión responde a una lógica de acumulación capitalista y a la consolidación de una zona económica trinacional entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, articulada al Golfo de Fonseca y a los corredores de interconexión que atraviesan Mesoamérica
“Más de 80 mil personas han sido detenidas, y 450 han muerto en prisión sin sentencia, en condiciones de tortura, hambre y maltrato.”
Ante este panorama, la comunidad reafirma su compromiso con la autonomía, la organización comunitaria y la articulación regional, resistiendo el despojo, la criminalización y la destrucción de su territorio y sus medios de vida.
Nota escrita por Yuruany
Fotografía de Lizbeth Hernández, Pawo, Juan E, Johanna
